Cases examined by the Special Rapporteur (June 2009 – July 2010)
A/HRC/15/37/Add.1, 15 September 2010
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XVI. Guatemala: La situación de supuesta difamación enfrentada por las organizaciones indígenas MOJOMAYAS y CONAVIGUA y comunidades indígenas mayas
192. El 12 de marzo de 2010, el Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, junto con la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekkaggya, llamó la atención del Gobierno de Guatemala a información recibida en relación con las organizaciones indígenas CONAVIGUA y MOJOMAYAS, y las comunidades indígenas mayas que supuestamente enfrentaban una situación de difamación debido a su oposición a proyectos hidroeléctricos y a las actividades de producción de cemento en San Juan Sacatepéquez. Durante su visita a Guatemala del 14 a 18 de junio de 2010, el Relator Especial recibió información con respecto a los asuntos específicos de las hidroeléctricas y la cementera en San Juan Sacatepéquez, y en particular sobre las alegaciones de que las comunidades indígenas afectadas por estas actividades no fueron debidamente consultadas.
Alegaciones recibidas por los Relatores Especiales y transmitidas al gobierno el 12 de marzo de 2010
193. En su comunicación de 12 de marzo de 2010, los Relatores Especiales transmitieron al Gobierno la información que recibieron con respecto a la situación de las organizaciones indígenas CONAVIGUA y MOJOMAYAS, y las comunidades Maya Ixiles afectadas por las hidroeléctricas y las 12 comunidades afectadas por la cementera en San Juan Sacatepéquez, y solicitaron al Gobierno que respondiera a las alegaciones contenidas en la información a luz de los estándares internacionales relevantes.
194. De acuerdo a la información y las alegaciones recibidas:
a) Varios representantes de las organizaciones arriba mencionadas participaron en la 76ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, realizada en Ginebra, Suiza, entre el 15 de febrero y el 12 de marzo de 2010, en la cual presentaron un informe sobre la situación de los pueblos y defensores indígenas en Guatemala. Estas organizaciones representan comunidades indígenas afectadas por proyectos mineros y la producción de cemento, y trabajan por los derechos ambientales y territoriales de las comunidades afectadas a nivel nacional e internacional.
b) Desde su participación en la sesión, las organizaciones indígenas han sido objeto de declaraciones públicas difamatorias. La primera semana de marzo de 2010, el grupo había recibido un documento por correo electrónico conteniendo acusaciones graves en contra de los representantes de estas organizaciones indígenas. Este documento ha estado circulando por internet y por correo electrónico. El documento se refiere a los representantes de estas organizaciones como “terroristas”, “Talibán de Guatemala/grupos de al Qaeda” y como “malos guatemaltecos”.
c) Acompañado por fotos de hombres armados llevando pasamontañas, el documento ha advertido a gobiernos y países europeos sobre un “nueva invasión” de estos grupos “terroristas”, que están buscando “recursos financieros gubernamentales/estatales, para poder continuar con el terror y las acciones de extremismo solapado”. Asimismo, el documento hace referencia a supuestos actos de guerra, secuestros, extorsión, tortura, amenazas, y otros delitos por parte de las organizaciones indígenas, así como a alegaciones de interferencia y sabotaje en contra de los esfuerzos gubernamentales para desarrollar el país económicamente y para controlar el crimen organizado.
d) Se teme que las denuncias públicas contra las organizaciones indígenas estén relacionadas con la participación de estas organizaciones en la 76ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Por tanto, las declaraciones forman parte de una campaña de difamación con el fin de desacreditar las actividades legítimas que realizan estos defensores de los derechos humanos en Guatemala.
Respuesta del Gobierno de 1 de junio de 2010
195. El Gobierno de Guatemala respondió a la información y las alegaciones contenidas mediante carta con fecha de 1 de junio de 2010. Lo siguiente, es un resumen de la respuesta del Gobierno:
a) La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos ha tenido conocimiento de los mismos hechos a los que se refieren las alegaciones presentadas. En relación con la presentación de quejas sobre los incidentes alegados, el señor Jorge Rufino Morales Toj, defensor de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas envió, el 30 de marzo de 2010 un escrito a la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos donde se denuncian los señalamientos cometidos en contra de las organizaciones y comunidades indígenas. Según el Ministerio Publico, no aparece ninguna denuncia registrada en su base de datos.
b) Además, no aparecen registros de denuncias interpuestas por parte de las organizaciones afectadas, por lo que no puede iniciar la persecución judicial respectiva en conformidad con el Código Procesal Penal en lo que respecta el delito de difamación.
c) La Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó de manera urgente a la Policía Nacional Civil seguridad de tipo perimetral a favor de todas las organizaciones afectadas por los señalamientos en su contra con el objeto de resguardar la vida e integridad física de dichas personas.
d) El Estado informará posteriormente de las investigaciones que se dieran de la denuncia que interpongan los interesados, como mecanismo dispositivo del proceso penal.
Observaciones del Relator Especial
196. El Relator Especial quisiera agradecer al Gobierno por la respuesta a su comunicación y a las alegaciones contenidas.
197. El Relator Especial enfatiza la necesidad de que se investiguen seriamente las alegaciones de violaciones a los derechos humanos de individuos y organizaciones indígenas, y de llevar a justicia a los responsables de cualquiera violación y hacer todo lo posible para asegurar la no repetición de hechos similares. El Relator Especial también recuerda al Estado de que debe resolverse el problema subyacente de la falta de consulta con las comunidades indígenas afectadas por los proyectos hidroeléctricos y la producción cementera en San Juan Sacatepéquez. El tema de la consulta en Guatemala fue objeto de la reciente visita de país realizada por el Relator Especial y que será abordada en su informe de visita. Las observaciones preliminares del Relator Especial sobre la visita están disponible en el documento A/15/37/Add.8.