Cases examined. Communications sent and Replies received. September 2007- July 2011

By | 9 September, 2011

Human Rights Council
Eighteenth session
Communications report of special procedures
A/HRC/18/51, 9 September 2011

PDF Full Report

Communications sent, 1 December 2010 to 31 May 2011; Replies received, 1 February 2011 to 31 July 2011
And Replies received between 1 February 2011 and 31 July 2011 relating to communications sent before 1 December 2010

Date Type
Case No
Country
(PDF)
Mandate(s)
Summary of the allegation transmitted
Reply
(PDF)
07/09/07 JUA
Mexico
Human rights defenders; Indigenous peoples; Torture; Violence against women
Supuestas agresiones por parte de personas presuntamente al servicio del Ejército. Según las informaciones recibidas, el 30 de junio de 2007, el Sr. Fortunato Prisciliano, miembro del pueblo indígena tlapaneca, habría sido víctima de golpes e intimidaciones por parte de personas presuntamente al servicio del Ejército. Dichas agresiones ocurrieron después de que el Sr. Fortunato se presentara en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación sexual de su esposa por parte de tres miembros del Ejército en marzo del 2002.  
 
19/08/08 JUA
Guatemala
Human rights defenders; Independence of judges and lawyers; Indigenous peoples
Supuestas amenazas contra defensor de derechos humanos. Según las informaciones recibidas, el 2 de agosto de 2008, el Sr. Amilcar Pop, abogado y presidente de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala (AANMG), organización que proporciona asistencia legal a comunidades indígenas, habría sido perseguido y amenazado con un arma de fuego. Según se informa, a lo largo de los años 2007 y 2008, los integrantes de AANMG habrían recibido varias amenazas de muerte, tanto por teléfono, como por correo, para que dejaran de proporcionar asistencia legal a las comunidades de San Juan Sacatepéquez. Mediante una carta fechada 20 de marzo de 2009, el Gobierno remitió un informe con su respuesta a la carta de alegación, ver A/HRC/12/34/Add.1, par 129. 
26/01/09 AL
Canada
Indigenous peoples
Alleged situation of the planned construction of TransCanada North Central Corridor oil pipeline through lands of Lubicon Lake Nation. According to the information recieved, the TransCanada Corporation has obtained permission from the Alberta Utilities Commission to build the pipeline, in the absence of the Lubicon Lake Nation‘s consent or recognition of the Nation‘s asserted rights of the area. This has also been carried out in the absence of adequate consideration to the Lubicon‘s concerns over the health, safety and environmental impacts of the project. In addition, the Special Rapporteur expressed concern over allegations about the broader issues of the land rights and social and economic conditions of the Lubicon people. See the Special Rapporteur‘s observations on this situation, A/HRC/15/37/Add.1, paras. 104-135.
 
 
 
07/09/09 AL
Cambodia
Indigenous peoples
Alleged development activities in and around the Prey Lang Forest. According to the information received, the Prey Lang forest, spanning Preah Vihear, Kompong Thom, Kratie, and Stung Treng provinces in northern Cambodia, is inhabited by nearly 350,000 indigenous people, primarily of Kuy descent. Road construction and other development projects have reportedly been taking place without complying with domestic norms that might safeguard the rights of indigenous peoples, and the indigenous communities stand to lose access to the forest resources upon which their livelihoods depend. In a letter of 30 March 2010, the Government of Cambodia responded to the communication, see A/HRC/15/37/Add.1, para 75.
 
24/09/09 JUA
India
Freedom of expression; Human rights defenders; Indigenous peoples; Torture
Alleged arrest and torture of human rights defenders. According to the information received, on 14 September 2009, Mr. Jiten Yumnam, member of the Coordinating Committee of the Asia Pacific Indigenous Youth Network and Joint-Secretary of Citizens‘ Concerns on Dam and Development, was arrested at Imphal Airport in Manipur, while on his way to a regional meeting on climate change in Bangkok, Thailand. On the same day, Mr. Likmabam Tompok, Mr. Amom Soken, Mr. Irom Brojen, Mr. Thiyam Dinesh, Mr. Chung-shel Koireng, Mr. Taorem Ramananda, all members of the All Manipur United Clubs‘ Organization, and Mr. Samjetshabam Nando, member of the All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organisation, were arrested in Kwakeithel by Imphal West police and Singjamei police. On 15 September, all eight were brought before the Additional Chief Judicial Magistrate in Lamphel and subsequently remanded in police custody until 29 September. They had reportedly been charged with ‗attempting to wage war‘ and ‗conspiring to commit offences against the state‘. During his detention, Mr. Jiten Yumnan was allegedly subjected to electric shocks to extract information from him. On 25 August, Ms. Longjam Memchoubi, member of Apunba Lup and president of the Poirei Leimarol Meira Paibi Apunba Lup, was reportedly arrested at her home by the Manipur Police. She was brought before the Chief Judicial Magistrate in Imphal and subsequently remanded in police custody for fifteen days.
 
22/12/09 AL
Guatemala
 
Indigenous peoples
La situación de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la mina Marlin, en las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, Departamento de San Marcos. Según la información recibida, el Gobierno habría otorgado una concesión a la empresa canadiense Montana Exploradora, S.A. (subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp) para extraer y explotar oro y plata. El proyecto, llamada el proyecto mina Marlin, ocupa las municipales de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, ocupados por pueblos mam y sipacapense. El Gobierno no habría consultado con la población antes de otorgar la concesión. Se alega que las actividades mineras en la zona han creado conflictos dentro de las comunidades afectadas, y que han resultado en efectos negativos sobre el medioambiente. Con la cooperación del Gobierno de Guatemala, el Relator Especial realizó una visita oficial al país para investigar estas alegaciones en junio de 2010. Véase el informe del Relator Especial sobre este caso (A/HRC/18/35.Add.3).
 
13/08/10 UA
Chile
Indigenous peoples
Supuesta amenaza de desalojo forzado de familias del pueblo Rapa Nui. Según la información recibida, aproximadamente 45 efectivos de tropas especiales de carabineros fueron enviados por el Gobierno de Chile a la Isla de Pascua – Rapa Nui con el fin de desalojar un grupo de alrededor de 15 familias del pueblo indígena Rapa Nui. Desde el 31 de julio de 2010, estas personas habían ocupado diversos establecimientos fiscales del Estado chileno como acto de reivindicación de sus tierras ancestrales. El 9 de agosto, se realizó un desalojo con base en una orden judicial, de las propiedades ocupadas, la cual se realizó pacíficamente. Sin embargo, existía el temor de que se realicen más desalojos debido a las declaraciones de los funcionarios de Gobierno de estar dispuestos a desalojar forzosamente a las personas que mantienen ―tomas ilegales‖ y no entreguen los lugares ocupados. Este situación fue objeto des dos comunicaciones posteriores, ver CHL 4/2010 y CHL 0/2010.
 
16/09/10 UA
Chile
Indigenous peoples
Supuesta huelga de hambre por presos mapuche. Según la información recibida, 34 personas mapuche en diversos centros de la región del Bío Bío y la Araucanía estarían participando en una huelga de hambre desde el 12 de julio de 2010. Los presos mapuche en huelga de hambre habrían demandado al Estado el término de la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran, el término del procesamiento de presos mapuche por la justicia militar, la desmilitarización de las zonas mapuche, y la restitución de tierras ancestrales mapuche. 58 personas mapuche o simpatizantes al pueblo mapuche habrían sido procesadas o condenadas bajo la ley antiterrorista por hechos de protesta vinculados a la reivindicación de derechos por tierras o de derechos políticos. Véase las observaciones del Relator Especial sobre esto caso en A/HRC15/37.Add.1, parrs 145-165 y la carta de seguimiento enviada por el Relator Especial el 5 de octubre de 2010.
 
 
18/11/10 JAL
Mexico
Adequate housing; Indigenous peoples
Supuesta construcción de presa hidroeléctrica. Desde 2004, los relatores especiales han tenido un intercambio de comunicaciones con el Gobierno mexicano en relación con el Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Según la nueva información recibida, en el transcurso de 2010 hubo nuevas resoluciones judiciales que habrían ordenado la suspensión temporal del proyecto hidroeléctrico como medida cautelar. En particular, el 11 de abril del 2010, el Tribunal Unitario Agrario número 41, habría otorgado una medida suspensiva de carácter cautelar para evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) u otra entidad realice obras tendentes a la construcción de este proyecto hidroeléctrico. Según las alegaciones, a pesar de las resoluciones judiciales, el Congreso Federal (Cámara de Diputados) habría previsto la autorización del presupuesto para la construcción de esta presa hidroeléctrica. El director de la CFE habría además públicamente declarado que el próximo año se licitará la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
 
 
23/11/10 AL
Costa Rica
Indigenous peoples
Supuesta construcción de represa hidroeléctrica que inundaría las tierras del pueblo térraba. Según la información recibida, el Instituto Costarricense de Electricidad estaría planeando la construcción de la represa hidroeléctrica el Diquís, que inundaría al menos el diez por ciento de las tierras tituladas del pueblo térraba en la zona sur del país. La construcción de la represa inundaría un gran número de sitios sagrados y sitios de importancia cultural para el pueblo térraba. Además de la pérdida del uso y disfrute de sus tierras, el inicio de las obras de construcción de la represa resultaría en la entrada de miles de trabajadores y sus familias en la zona donde viven los térraba. Los térraba no habrían sido consultados o permitidos a participar en las tomas de decisiones sobre la presa de Diquís, a pesar de sus muchas solicitudes al respecto mediante actos públicos tales como grandes marchas de protesta. Con la cooperación del Gobierno de Costa Rica, el Relator Especial realizó una visita oficial al país para investigar estas alegaciones, Véase el informe del Relator Especial sobre este caso (A/HRC/18/35.Add.8).
 
 
09/12/10 AL
Chile
Indigenous peoples
Presunta violencia y represión contra miembros del pueblo Rapa Nui. Según las informaciones recibidas, el 3 de diciembre de 2010, aproximadamente 45 efectivos policiales desalojaron a miembros de la familia Tuko Tuki, quienes ocupaban una propiedad en Hanga Roa, la capital de la Isla de Pascua. El clan Tuko Tuki reclama dicha propiedad, actualmente a nombre de un propietario privado, como parte de su tierra ancestral. Tres personas Rapa Nui fueron detenidas: Roberto Ika Pakarati, Verenca Ika Pakarati y Margarita Pakarati Tuki. Un grupo de aproximadamente veinticinco Rapa Nui intentaron reingresar al terreno desalojado y fueron repelidas por los carabineros con balines, resultando heridas diecisiete personas, incluyendo el Sr. Nui Leviante Araki, presidente del Parlamento Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui fue objeto de una comunicación anterior (ver mas abajo, CHL 1/2010). Supuestamente, el 29 de diciembre de 2010 ocurrieron nuevos actos de desalojo, esta vez en contra de aproximadamente 70 personas Rapa Nui que ocupaban pacíficamente la plaza Riro Kainga en el centro de Hanga Roa, ver carta de seguimiento enviada por el Relator Especial el 10 de enero de 2011 (ver mas abajo CHL 0/2011).
 
17/12/10 AL
Thailand
Indigenous peoples
Alleged non-return of exhumed bodies from Hmong graves at Wat Tham Krabok. According to the information received, Hmong have repeatedly sent delegations to dialogue with Government officials in order to achieve a resolution of the pending issues concerning the return of the exhumed bodies. The relatives of the deceased Hmong and members of the Hmong communities worldwide have made specific requests to the Thai Government and Thai foundations in possession of the remains of the exhumed bodies for what they would consider to be an acceptable solution to their grievances. This situation was the subject of earlier communications (see A/HRC/12/34/Add.1, para 404-429).
10/01/11
Chile
Indigenous Peoples
Presunta violencia y represión contra miembros del pueblo Rapa Nui. Según la información recibida, el 29 de diciembre de 2010 ocurrieron nuevos actos de desalojo en contra de aproximadamente 70 personas Rapa Nui que ocupaban pacíficamente la plaza Riro Kainga en el centro de Hanga Roa. Asimismo, el Relator Especial informó al Gobierno de Chile de su intención de hacer públicas sus preocupaciones sobre los repetidos desalojos y la falta de resolución de los asuntos subyacentes, por medio de una declaración pública. Esta situación fue objeto de dos comunicaciones anteriores, ver arriba CHL 1/2010 y CHL 4/2010.
 
10/01/11 AL
United States of America
Indigenous peoples
Alleged use of reclaimed wastewater for commercial ski operations in a sacred site. According to the information received, the San Francisco Peaks, located north of the city of Flagstaff, Arizona, – a site considered sacred by severak Native American tribes – is being used by the Arizona Snowbowl Resort Limited Partnership to operate a commercial project for recreational skiing. The Government has apporved the use of recycled wastewater to make articial snow for the project. This may reportedly cause a significant negative impact on the religious practices and beliefs of the Native American tribes for which the area of the San Fancisco Peaks is sacred. To them, the sacredness of the San Francisco Peaks depends on the purity of the water and plant life in the area, which allegedly will be contaminated if wastewater is introduced into the Peaks through the planned artificial snowmaking. See the Special Rapporteur‘s observations on this case in A/HRC/18/35.Add.1.
 
01/02/11 AL
Israel
Indigenous peoples
Allegation that Bedouin people are being removed from their traditional lands. According to the information received, land policy in Israel has failed to recognize Bedouin legal entitlement to their traditional lands in the Negev. Around half of the Negev Bedouins live in so-called ―unrecognized villages‖, which allegedly lack basic services such as running water, electricity, waste removal, telephone lines, paved roads, schools and health facilities. Bedouins in these villages have experienced ongoing demolitions of their homes and villages in the Negev by Israeli authorities. The Government has created seven urban towns and moved Bedouin from the ―unrecognized villages‖ to these towns. The people in these towns reportedly rank at the bottom of all social and economic indicators, and suffer from the highest unemployment rates and income levels in Israel. Bedouins reportedly cannot live in their traditional manner in these urban areas. The Israel Land Administration reportedly had plans to create several new villages or towns for the Bedouins. See the Special Rapporteur‘s observations on this case in A/HRC/18/35/Add.1.
 
 
07/02/11 UA
United States of America
Indigenous peoples
 
Allegation that an indigenous activist serving life sentence had suffered from severe health problems. According to the information received, Mr. Leonard Peltier, aged 66, an indigenous Anishinabe/Lakota activist, had been serving two life sentences in a United States federal prison, after being convicted in 1977 for the murder of two FBI agents. Over the years, Mr. Peltier has maintained his innocence, asserting that he was politically persecuted for his activities as a member of the American Indian Movement. Mr. Peltier reportedly suffers from severe health problems that require urgent and immediate medical treatment. In addition to his health situation, Mr. Peltier reportedly lives in substandard conditions at the maximum security prison in Lewisburg, Pennsylvania. The Lewisburg prison is allegedly known for violence among inmates.
 
 
15/02/11 UA
Panama
Indigenous peoples
Supuesta movilización de protesta por parte de pueblos indígenas. Según la información recibida, el 10 de febrero de 2011, la Asamblea Nacional aprobó la controvertida reforma al Código de Recursos Minerales, facilitando la inversión extranjera en la explotación minera. Panamá cuenta con el segundo mayor yacimiento de cobre del planeta, ubicado en Cerro Colorado, el cual se encuentra dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé. Los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé alegan no haber sido consultados sobre la reforma de la ley, y los dos pueblos no comparten una posición común con respecto a la reforma. Se han sucedido violentos enfrentamientos entre los mismos indígenas a la puerta de la Asamblea. Las movilizaciones y confrontaciones se habrían generalizado en todo el país.  
 
18/02/11 UA
China
Indigenous peoples
Allegation that the construction of a hydroelectric dam could result in food insecurity, health concerns and conflict. According to the information received, the Gibe III dam is being constructed by two Chinese companies. The dam will allegedly block the southwestern part of the Omo River, on the border of Ethiopia and Kenya, creating a 150 km long reservoir and reducing downstream flows. The Lower Omo River Valley is populated by some 500,000 people belonging to diverse indigenous peoples. Competition over land and resources has resulted in periodic conflicts among these groups. In addition to its importance for subsistence agricultural activities, the Omo River provides the grazing and watering necessary for raising cattle, goats and sheep. The river is also of special religious and cultural significance to many of the groups that inhabit the region, and it is used as a means of transportation and for bathing. 
 
18/02/11 UA
Ethiopia
Indigenous peoples
Allegation that the construction of a hydroelectric dam could result in food insecurity, health concerns and conflict. According to the information received, the Gibe III dam is being constructed by two Chinese companies. The dam will allegedly block the southwestern part of the Omo River, on the border of Ethiopia and Kenya, creating a 150 km long reservoir and reducing downstream flows. The Lower Omo River Valley is populated by some 500,000 people belonging to diverse indigenous peoples. Competition over land and resources has resulted in periodic conflicts among these groups. In addition to its importance for subsistence agricultural activities, the Omo River provides the grazing and watering necessary for raising cattle, goats and sheep. The river is also of special religious and cultural significance to many of the groups that inhabit the region, and it is used as a means of transportation and for bathing. See the Special Rapporteur‘s observations on this case in A/HRC/18/35.Add.1.
 
 
18/02/11 UA
Kenya
Indigenous peoples
Allegation that the construction of a hydroelectric dam could result in food insecurity, health concerns and conflict. According to the information received, the Gibe III dam is being constructed by two Chinese companies. The dam will allegedly block the southwestern part of the Omo River, on the border of Ethiopia and Kenya, creating a 150 km long reservoir and reducing downstream flows. The Lower Omo River Valley is populated by some 500,000 people belonging to diverse indigenous peoples. Competition over land and resources has resulted in periodic conflicts among these groups. In addition to its importance for subsistence agricultural activities, the Omo River provides the grazing and watering necessary for raising cattle, goats and sheep. The river is also of special religious and cultural significance to many of the groups that inhabit the region, and it is used as a means of transportation and for bathing.
 
 
18/02/11 JAL
Malaysia
Food; Indigenous peoples
Alleged failure to recognize and respect native customary land rights. According to the information received, the Kayan indigenous community of the Long Teran Kanan village in Tinjar, Miri, Sarawak had been involved in a legal dispute over their land for 12 years. The Miri High Court allegedly ruled in favour of the community on 31 March 2010. One of the defendants, IOI Pelita Plantation Sdn. Bhd., appealed the judgment and had allegedly not respected the court order in the interim, continuing palm oil operations in the community. The village‘s crops have reportedly been bulldozed and planted with oil palms, destroying the Kayan people‘s traditional livelihoods and threatening their right to food. This case is reportedly emblematic of the over 200 cases before the Sarawak courts relating to indigenous communities‘ ability to exercise their native customary rights over their lands, upon which they depend for fishing, hunting or farming, and which are essential to their cultural survival. See the Special Rapporteur‘s observations on this case in A/HRC/18/35.Add.1.
 
19/04/11 
Guatemala
Indigenous peoples
Supuestos daños sufridos por las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la represa hidroeléctrica Chixoy. Según la información recibida, el Gobierno Guatemalteco y la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica de Chixoy (COCAHICH) habían negociado por varios años sobre la indemnización para 33 comunidades indígenas mayas que sufrieron el reasentamiento y otras violaciones a los derechos hum6/01anos a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica Chixoy entre 1975 y 1983. Como producto de este proceso de negociación, el 20 de abril de 2010 las partes llegaron a un acuerdo en el que el Gobierno se comprometió a firmar un Plan de Reparación de daños y perjuicios sufridos por las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. También se acordó crear un mecanismo de seguimiento, monitoreo y verificación para garantizar la implementación del plan durante los próximos 10 años. El Congreso habría aprobado una cantidad inferior a lo acordado originalmente en cuanto a la asignación del presupuesto nacional para implementar el Plan de Reparación, por lo que se ha expresado preocupación sobre la voluntad del Gobierno en cumplir con el acuerdo suscrito con las víctimas.
 
26/04/11 AL
Mexico
Indigenous peoples
Supuesto otorgamiento de concesiones mineras en sitios sagrados. Según la información recibida, el Gobierno de México ha otorgado 22 concesiones mineras de exploración de plata en la zona de Wirikuta, pueblo Real de Catorce, estado de San Luis Potosí. Estas concesiones fueron compradas por la empresa canadiense First Majestic Silver Corp en noviembre de 2009. El área de las concesiones abarca el lugar donde los wixárika por más de 1000 años han recreado anualmente el camino de los antiguos kakauyarixi, los antepasados quienes según las creencias wixárika dieron nacimiento al mundo. Se alega que las concesiones fueron otorgadas sin consultar previamente al pueblo indígena wixárika (huichol) cuyos sitios sagrados serán afectados por el proyecto minero. Véase las observaciones del Relator Especial sobre esta situación en A/HRC/18/35 Add. 1.
 
10/05/11 JUA
United States of America
Cultural Rights; Freedom of religion; Indigenous peoples
Alleged imminent desecration and destruction of ceremonial and burial site.
According to the information received, Sogorea Te, now located within the city of Vallejo, California, had been in existence for 3,500 years and has been used continually by the Northern California indigenous peoples, who consider this site sacred. Allegedly, the City of Vallejo had planned to level and pave over the Sogorea Te Sacred Area in order to construct a parking lot and public restrooms. A continuous occupation of the site by local native peoples and organizations had held off the bulldozers that were due to begin the works on 15 April 2011. 
 
 
13/05/11 JAL
Ethiopia
Indigenous peoples; Minority issues
Alleged displacement of indigenous people from their ancestral land. According to the information received, the Anywa people identify as an indigenous minority with a long historical attachment to ancestral land in the Gambella region. The Ethiopian Government allegedly leased 300,000 hectares of land occupied by the Anywa people to the Indian horticulture company Karuturi, and 10,000 hectares to the Saudi Star Company with another 240,000 hectares more likely to be leased to the Saudi Star Company. Reportedly this had bee done without any prior consultation with local people. Moreover, the Federal Government had reportedly officially revealed its plan to displace 45,000 Anywa people (half of the total Anywa population) in the coming three years. In Abobo district, the Saudi Star agriculture company has allegedly already displaced Ochak-Chala village, Perbongo-Tierkudhi village, Perbongo-Oma and Awita-jwieo villages. The villagers were allegedly not consulted or compensated. 
 
 
 

 

 

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