James Anaya

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El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas concluye visita al Perú Print
19 June 2009

Lima, Perú - “En los últimos días se han seguido dando pasos decisivos encaminados a la solución a los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el camino del diálogo, como la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron a la tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes”, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, a concluir su visita al Perú.


El Relator Especial realizó una visita de 3 días al Perú – del 17 al 19 de junio de 2009 – a fin de observar, comprender y analizar la situación que se produjo en Bagua, Departamento de Amazonas, el 5 de junio y los días inmediatamente posteriores, así como los hechos que generaron esta situación. “Hago llegar mis más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos así como mi solidaridad con las personas que resultaron heridas en estos lamentables sucesos y reitero el llamado que realicé en mi comunicado del 10 de junio de 2009 para que se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas así como que cualquier demostración o manifestación se efectúe de forma pacífica respetando los derechos humanos de todos”, dijo el Relator Especial.

Durante la visita el Relator Especial se reunió con miembros del Congreso, diversos Ministros, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y con representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, incluso en la región de Bagua. El Relator Especial agradece la invitación y el apoyo del Gobierno del Perú así como todas las facilidades que recibió de su parte para la realización de la visita, y considera que demuestra un gesto de buena voluntad y apertura del Gobierno peruano.

El Relator Especial toma nota de las investigaciones llevadas a cabo y actualmente en curso por el Ministerio Público y las averiguaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo, así como la iniciativa para establecer una comisión de investigación del Congreso de la República, para aclarar los hechos del 5 de junio. Sin embargo, durante las reuniones que ha llevado a cabo durante la visita, el Relator Especial ha recibido versiones divergentes y hasta antagónicas en cuanto a los sucesos en Bagua y de las circunstancias en que éstos se produjeron.

El Relator Especial considera que es necesario llegar al esclarecimiento mediante una investigación completa y objetiva sobre estos hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan una visión clara de lo ocurrido. A este fin, el Relator Especial recomienda que se establezca una comisión especial e independiente, conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo, recomienda que se de consideración a la participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta comisión especial. “El esclarecimiento de los hechos es esencial para la creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes”, enfatizó el Relator Especial.

Esta comisión especial propuesta es sin perjuicio de las investigaciones que deben desarrollar las instituciones de la administración de justicia para determinar de manera objetiva, exhaustiva e imparcial, las responsabilidades civiles, administrativas y penales que corresponden. El Relator Especial considera que la realización de la justicia es un elemento fundamental para restaurar un ambiente propicio para la solución de los problemas de fondo que aquejan los pueblos indígenas de la Amazonía.

El Relator Especial exhorta a las diferentes instancias que administran justicia a que realicen su trabajo conforme a los estándares internacionales aplicables a la administración de justicia en un Estado de Derecho, especialmente las garantías de independencia, prontitud e imparcialidad. Es importante, en este sentido, que todas las partes tengan claridad sobre los cargos imputados, los lugares donde las personas están detenidas, y la jurisdicción donde se realizarán los procesos; y que los acusados gocen efectivamente de todas las garantías de debido proceso, especialmente la garantía de una defensa legal adecuada y efectiva, así como que se aseguren condiciones adecuadas de detención.

Además, el Relator Especial recomienda que se profundice el proceso de diálogo iniciado. Entre los aspectos sustantivos del diálogo debería incluirse el relativo a los otros decretos legislativos que han preocupado a los pueblos indígenas y pueden afectarles, así como los otros temas de fondo que dichos pueblos han planteado en las diferentes instancias de diálogo hasta ahora. En el proceso de diálogo deberían estar representados todos los actores relevantes, y los pueblos indígenas a través de sus representantes libremente elegidos por ellos mismos. La transparencia del diálogo es esencial para que sea fructífero. En este sentido, debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutable los acuerdos a que se lleguen y para resolver las cuestiones que se susciten durante el proceso.

Como una medida de creación de confianza para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda revisar las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas cuya participación en ese diálogo es indispensable.

Asimismo, tanto el proceso como los acuerdos a que se lleguen deben estar inspirados y ser compatibles con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, incluso aquéllos sentados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, el cual ha sido ratificado por el Perú. El Especial Relator recomienda, en este sentido, que se recurra a la asesoría técnica de la OIT y de otros organismos internacionales. El Relator Especial nota que el Perú tiene ahora una oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales en la aplicación interna de los criterios y principios establecidos en los instrumentos internacionales aplicables, en particular, en lo que se refiere a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, de cualquier medida que dichos pueblos consideren pueda afectar sus derechos.

El Relator Especial destaca la importancia de que el proceso de solución de esta situación se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en el Perú.

Finalmente, el Relator Especial reitera su disponibilidad e interés de realizar una visita posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de examinar la situación general de la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas del país, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

 

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