James Anaya

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Cases examined by the Special Rapporteur (June 2009 – July 2010)

A/HRC/15/37/Add.1, 15 September 2010



XIII. Colombia: La situación de violencia en contra del pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño

174. El Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, ha estado monitoreando la situación de los pueblos indígenas en Colombia en el marco del seguimiento que él ha dado a las recomendaciones del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, contenidas en su informe de 2004 sobre su visita a Colombia.

175. En su informe de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior de 8 de enero de 2010 (A/HRC/15/34), el Relator Especial hizo mención del asesinato de 8 miembros del pueblo indígena Awá en febrero de 2009 dentro del resguardo Tortugaña-Telembí (departamento de Nariño), que resultó además en el desplazamiento masivo de 400 miembros de la comunidad. El ataque fue cometido por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quienes asumieron responsabilidad por ocho de las muertes. Como notó el Relator Especial en su informe, estos hechos sucedieron a pesar de las constantes denuncias formuladas por las autoridades y líderes del pueblo Awá, así como de la emisión de un Informe de Riesgo por la Defensoría del Pueblo (No. 53 del 5 de junio de 2008), en el que se advirtió sobre el riesgo de peligro que corría el pueblo Awá en el departamento de Nariño por la presencia de actores armados en su territorio.

176. No obstante el plan de salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional de Colombia a favor de los Awá y desarrollado por el Gobierno, se perpetró una segunda masacre contra dicho pueblo en el mismo año. El 26 de agosto de 2009, un grupo de personas encapuchadas entraron en una vivienda ubicada en el resguardo indígena Gran Rosario, municipio de Tumaco, departamento de Nariño, donde asesinaron cruelmente a 12 personas, entre ellas siete niños y niñas Awá.

177. Esta última masacre fue objeto de una comunicación enviada el 22 de septiembre de 2009 por el Relator Especial junto con el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, en donde se llamó la atención del Gobierno de Colombia a dicha información. El Gobierno de Colombia respondió mediante dos cartas con fechas de 25 de septiembre de 2009 y 15 de octubre de 2009.

Alegaciones recibidas por los Relator Especiales y transmitidas al Gobierno el 22 de septiembre de 2009

178. En su comunicación de 22 de septiembre de 2009, los Relatores Especiales transmitieron al Gobierno la información que recibieron con respecto al asesinato de los 12 miembros de la comunidad indígena Awá, y solicitaron al Gobierno que respondiera a las alegaciones contenidas en la información a luz de los estándares internacionales relevantes.

179. De acuerdo a la información y las alegaciones recibidas:

a) Aproximadamente a las 5 horas de la mañana del 26 de agosto de 2009, un grupo de hombres armados invadió la casa de la Sra. Tulia Mariana Guanga García. Los hombres llevaban ropa camuflada sin insignias, estaban encapuchados y mataron a tiros a doce personas. Las victimas (con sus edades aproximadas) fueron la Sra. Guanga García, 30, y sus dos hijos, James Laurencio García, 3, y Angie Jazmín Rodríguez, 8; un bebé de 8 meses Jeison Ferney Rodríguez; Alex Rodríguez, 8; Luis García Bisbicus, 15; Juana Guanga García, 17; el Sr. Fabio Taicuz García, 18; el Sr. Nolberto Guanga Taicuz, 19; el Sr. Amado Nastacuas Guanga, 19; el Sr. Álvaro Guillermo Pascal Guanga, 21; y el Sr. Lorenzo García Cuasaluzan, 40. Además, tres personas resultaron heridas en el incidente: David García, 12; el Sr. Javier García, 20 y la Srta. Yolanda Bisbicus, 22. Con estas 12 muertes del 26 de agosto de 2009, el número de miembros de la comunidad Awá asesinados ascendió a 38 en ese año.

b) Las muertes recientes son aún más preocupantes puesto que el incidente tuvo lugar en la casa de la Sra. García quien había sido testigo del presunto asesinato de su esposo el 23 de mayo de 2009, el Sr. Gonzalo Rodríguez Guanga; incidente que la Sra. García había denunciado anteriormente como ejecución extrajudicial cometida por el Ejército Nacional de Colombia. El Batallón de Contraguerrilla número 23 de la Brigada Militar No. XXIII del Ejército, aceptaba la responsabilidad por la muerte del Sr. Rodríguez, pero sostenía que el Sr. Rodríguez fue matado cuando huía después de haber sido detenido bajo sospechas de ser miembro de la FARC.

180. En su comunicación, los Relatores Especiales instaron al Gobierno de Colombia a que iniciara una investigación imparcial y transparente sobre las circunstancias que rodean a) las muertes de las personas indígenas Awá asesinadas el 26 de agosto de 2009, y b) la muerte del Sr. Rodríguez el 23 de mayo de 2009, con vistas de tomar toda acción disciplinaria o judicial que sea apropiada y asegurar que rindiera cuentas cualquier persona culpable de los asesinatos así como compensar a los familiares de las víctimas.

Respuesta del Gobierno de 25 de septiembre de 2009

181. El Gobierno de Colombia respondió a la información y las alegaciones mediante una carta con fecha de 25 de septiembre de 2009. Lo siguiente, es un resumen de la respuesta del Gobierno:

a) El Estado colombiano manifiesta su repudio por la masacre que enluta al Pueblo Awá, y su compromiso decidido en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.

b) Al tener conocimiento de los hechos, el Gobierno procedió a adoptar medidas desde el más alto nivel. A instancia del Presidente de la Republica, se adelantó un Consejo de Seguridad que contó con la participación del Ministro de Defensa, de los Altos Mandos Militares y de la Fiscalía General de la Nación, en el que se acordó que la comisión de investigación que se desplazaría al lugar estaría integrada por la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y la Dirección de Policía Judicial, y contaría con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

c) Asimismo, la Gobernación de Nariño ha ofrecido una recompensa de aproximadamente quince mil dólares (US $15.000), adicional a la recompensa de aproximadamente cincuenta mil dólares (US $50.000) ofrecida por el Ministerio de Defensa Nacional a los ciudadanos que con su información permitan dar con el paradero de los responsables, y de esta manera lograr el esclarecimiento de los hechos.

d) Por otra parte, el 29 de agosto de 2009, en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, luego del entierro colectivo de los indígenas asesinados, se adelantó una reunión entre el Pueblo Indígena Awá y altos funcionarios del Estado, con la participación del doctor Fabio Valencia Cossio, Ministro del Interior y de Justicia; el doctor Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General de la Nación, el doctor Wolmar Pérez, Defensor del Pueblo, el doctor Antonio Navarro Wolf, Gobernador del Departamento de Nariño y un delegado del Procurador General de la Nación. En esa reunión, el Ministro del Interior y de Justicia, en representación del Gobierno Nacional, asumió el compromiso de realizar una mesa de concertación con el pueblo indígena Awá, que tendrá como objetivo tratar específicamente la problemática de esta comunidad y las necesidades que actualmente tiene. Para tal efecto, el 10 de septiembre de 2009, la señora Viceministra del Interior se reunió con representantes de la comunidad Awá con el fin de avanzar en la instalación de la mesa referida y en la adopción de medidas de seguridad. Anteriormente, el 9 de septiembre de 2009, el Presidente de la República, acompañado del Ministro del Interior y de Justicia y de la señora Viceministra del Interior, se reunió con delegados indígenas en la Casa de Nariño, en donde se analizaron las condiciones para mejorar la seguridad y la protección de los Awá.

e) Adicionalmente, el Estado ha adelantado, desde tiempo atrás, medidas a favor del pueblo Indígena Awá, quien ha sido víctima de acciones de los grupos armados. El Gobierno Nacional se ha concentrado en atender de manera integral la situación que atraviesa el Pueblo Indígena Awá a través de los espacios institucionales de diálogo con las comunidades indígenas, tal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Mesa Permanente de Concertación.

f) Además, el Gobierno Nacional ha emprendido la tarea de reunirse con las autoridades Awá para definir tanto las acciones inmediatas a tomar respecto de la emergencia humanitaria, como la propuesta para la formulación del Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awa, por lo cual sesenta y cinco mil dólares (US$65.000) han sido proporcionados para tal fin.

g) Otro convenio fue firmado por la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas AWA-CAMAWARI por un valor aproximado de sesenta y cinco mil dólares con el objeto de formular un diagnóstico participativo junto con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá sobre la situación de violencia, vulnerabilidad y desplazamiento forzado del pueblo indígena Awá.

h) Como resultado de la celebración de estos dos convenios, se espera la realización de un encuentro de autoridades legítimas de todo el pueblo Awá, del cual surgiría una propuesta de Plan de Salvaguarda Étnica que se entregaría al Gobierno Nacional para ser sujeto de consulta previa.

i) Asimismo, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCION SOCIAL) estableció una Comisión de expertos para la atención de emergencias humanitarias conformada por ocho funcionarios de la entidad que trabajan en equipos para atender los focos de recepción de la población desplazada en los municipios de Samaniego, Ricuarte y Barbacoas, del departamento de Nariño. Acción Social también adelanta misiones periódicas de verificación en la zona de concentración de la población desplazada.

j) A su vez, el Ministerio de la Defensa Nacional impartió medidas al Comando de Ejército Nacional con el fin de afrontar la problemática de los Awá. Además, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Derechos Humanos y DIH, ha adelantado investigaciones judiciales durante el año 2009 en relación con las dos masacres de las cuales ha sido víctima el pueblo Awá con el fin de esclarecer los hechos y sancionar penalmente a los responsables de estos hechos.

k) El Estado colombiano reitera su compromiso con los pueblos indígenas de Colombia y en particular con el pueblo Awá en la garantía y protección de sus derechos fundamentales y en la preservación de su cultura y tradición. También reitera su compromiso con la búsqueda y adopción de medidas que permitan el goce y el ejercicio de los derechos del pueblo indígena Awá, y pese las dificultades de acceso existentes para ingresar al lugar en donde se encuentra ubicada esta comunidad debido a la presencia de grupos armados ilegales, la existencia de minas antipersonales y de cultivos ilícitos, continuará implementando las medidas que sean necesarias para proteger al pueblo indígena Awá.

Respuesta del Gobierno de 15 de octubre de 2009

182. Mediante una carta con fecha de 15 de octubre de 2009, el Gobierno de Colombia transmitió al Relator Especial información en relación a los resultados que han arrojado las investigaciones judiciales que se han cursado sobre los asesinatos de los miembros del pueblo indígena Awá. En resumen, según el Gobierno:

a) El Juez Segundo Penal municipal de Tumaco, departamento de Nariño, dictó el 5 de octubre de 2009, una medida de aseguramiento contra Daniel Cuazaluzan Rodríguez, Carlos Enrique Maipú, Miguel Casto Bisbicus y Argemiro Nastacua Guanga, quienes, según las investigaciones habrían participado en la acción criminal cometida en el resguardo indígena El Gran Rosario, a 80 kilómetros de Tumaco, que dejó como victimas a los 12 miembros del Pueblo Awá.

b) Los procesados son integrantes de la banda “Los Cucarachos” organización delincuencial dedicada al narcotráfico, la extorsión y el secuestro, que opera en el departamento de Nariño, con a anuencia de las FARC. Ellos fueron procesados por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, fueron trasladados a la penitenciaria Nacional “La Picota” en la ciudad de Bogotá D.C. por solicitud del fiscal a cargo del caso, en donde permanecen recluidos.

c) Constituye un compromiso y una prioridad la investigación y el juzgamiento de los delitos que han golpeado tan duramente al pueblo Awá. Por ello, las instituciones en su conjunto continuaran trabajando de manera decidida en ese propósito no solo para castigar a los culpables, sino para prevenir que los hechos vuelvan a suceder.

Observaciones del Relator Especial

183. El Relator Especial quisiera agradecer al Gobierno de Colombia por las respuestas a su comunicación. A la vez, el Relator Especial reitera su preocupación por la situación de vulnerabilidad del pueblo Awá y otros pueblos indígenas en Colombia que se encuentran amenazados por el conflicto armado en el país, tal como se expresa en su informe de seguimiento sobre la situación de Colombia de enero de 2010. De nuevo el Relator Especial exhorta a las autoridades competentes, tanto nacionales como regionales y locales, a brindar una protección efectiva a los líderes y miembros del pueblo indígena Awá así como el resto de los pueblos indígenas identificados en el Auto 004 de la Corte Constitucional.

184. El Relator Especial reitera sus anteriores recomendaciones que ha comunicado al Gobierno al respecto: En particular, el Gobierno debería de adoptar, de forma urgente y de manera consultada con los mismos pueblos, medidas presupuestarias y operativas que permitan fortalecer los esquemas de protección en el marco de implementación de los Planes de Salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional a favor del pueblo Awá y demás pueblos indígenas amparados por el Auto 004. Asimismo, las autoridades del Estado, especialmente la Fiscalía, deben adoptar todas las medidas necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos de los pueblos humanos, para investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y llevar a la justicia a los responsables, así como para asegurar la no repetición de hechos similares. En particular, el Relator Especial llama a la Fiscalía para que de forma urgente disponga la constitución de comisiones especiales de investigadores para los casos de violencia contra los pueblos indígenas. El Relator Especial urge a la Fuerza Pública fortalecer los esfuerzos por promover el respeto de los derechos humanos en el desempeño de sus funciones y a respetar la autonomía de los pueblos indígenas y concertar con las autoridades indígenas las condiciones de cualquier presencia necesaria dentro sus territorios, de conformidad con el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

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